Existen dos verdades que son contradictorias, nadie quiere ver a los soldados en las calles, pero todos necesitan al ejército en las labores de seguridad.

Los gobiernos municipales, pero también los gobiernos de los estados y el Ejecutivo Federal -entendido este como el presidente de la república- saben que la inseguridad se ha desbordado y nuestro país ha tenido que echar mano de sus fuerzas castrenses, alterando el Estado de Derecho del Sistema de Seguridad Pública y el Sistema de Procuración de Justicia. Fue una discusión que la CONAMM propuso al entonces presidente de la república cuando hizo su “Declaración de Guerrera” y sacó a las calles al ejército.

A más de 10 años de esa fallida estrategia, se pretende enmendar con la Ley de Seguridad Interior la pifia legal que se incurrió en 2007.

En materia municipal, la Ley de Seguridad Interior violentaría la Constitución en su artículo 115, si se aceptan los principios que propone en su artículo 11 párrafo primero …corresponde a las autoridades federales, incluyendo las Fuerzas Armadas, por sí o en coordinación con los demás órdenes de gobierno, identificar, prevenir, atender, reducir y contener las Amenazas a la Seguridad Interior; artículo que en una interpretación legal, posibilitaría la libre determinación de las fuerzas armadas o el presidente de tomar el control de la seguridad en una región o un municipio, sin la necesidad de consultar o convenir con la autoridad local y menos con el congreso local.

El esfuerzo legislativo y cabildeo político debería, -según mi opinión- enfocarse en diseñar una estrategia nacional de seguridad interior, donde se parta de una realidad, -necesitamos al ejército en las calles, pero no de manera indefinida-, pero también necesitamos a policías capacitadas, a gobiernos locales trabajando si amenazas, con recursos suficientes y con una ley que los respalde y regule; definamos temporalidades, calendaricemos y cumplamos compromisos.

Los gobiernos locales, no tienen policías desarmados o des adiestrados por falta de compromiso con la seguridad, el problema radica en que los municipios no cuentan con recursos suficientes para contar con una fuerza de seguridad pública municipal de calidad.

Un batallón de quinientas unidades castrenses compuesta por cuatrocientos elementos de tropa, treinta sargentos, dos capitanes y un coronel, apostados en un municipio, cuesta 3 veces más que el mismo número de elementos civiles.

Algo se está haciendo mal, la señal que manda la aprobación forzada de una ley con alto nivel de cuestionamiento no es buena; la señal sugiere que la estrategia es mantener el ejército en las calles, que las policías municipales no recibirán los recursos que requieren para profesionalizar a sus elementos y la ciudadanía tendrá una policía militarizada.

Existen dos verdades que son contradictorias, nadie quiere ver a los soldados en las calles, pero todos necesitan al ejército en las labores de seguridad.

Los gobiernos municipales, pero también los gobiernos de los estados y el Ejecutivo Federal -entendido este como el presidente de la república- saben que la inseguridad se ha desbordado y nuestro país ha tenido que echar mano de sus fuerzas castrenses, alterando el Estado de Derecho del Sistema de Seguridad Pública y el Sistema de Procuración de Justicia. Fue una discusión que la CONAMM propuso al entonces presidente de la república cuando hizo su “Declaración de Guerrera” y sacó a las calles al ejército.

A más de 10 años de esa fallida estrategia, se pretende enmendar con la Ley de Seguridad Interior la pifia legal que se incurrió en 2007.

En materia municipal, la Ley de Seguridad Interior violentaría la Constitución en su artículo 115, si se aceptan los principios que propone en su artículo 11 párrafo primero …corresponde a las autoridades federales, incluyendo las Fuerzas Armadas, por sí o en coordinación con los demás órdenes de gobierno, identificar, prevenir, atender, reducir y contener las Amenazas a la Seguridad Interior; artículo que en una interpretación legal, posibilitaría la libre determinación de las fuerzas armadas o el presidente de tomar el control de la seguridad en una región o un municipio, sin la necesidad de consultar o convenir con la autoridad local y menos con el congreso local.

El esfuerzo legislativo y cabildeo político debería, -según mi opinión- enfocarse en diseñar una estrategia nacional de seguridad interior, donde se parta de una realidad, -necesitamos al ejército en las calles, pero no de manera indefinida-, pero también necesitamos a policías capacitadas, a gobiernos locales trabajando si amenazas, con recursos suficientes y con una ley que los respalde y regule; definamos temporalidades, calendaricemos y cumplamos compromisos.

Los gobiernos locales, no tienen policías desarmados o des adiestrados por falta de compromiso con la seguridad, el problema radica en que los municipios no cuentan con recursos suficientes para contar con una fuerza de seguridad pública municipal de calidad.

Un batallón de quinientas unidades castrenses compuesta por cuatrocientos elementos de tropa, treinta sargentos, dos capitanes y un coronel, apostados en un municipio, cuesta 3 veces más que el mismo número de elementos civiles.

Algo se está haciendo mal, la señal que manda la aprobación forzada de una ley con alto nivel de cuestionamiento no es buena; la señal sugiere que la estrategia es mantener el ejército en las calles, que las policías municipales no recibirán los recursos que requieren para profesionalizar a sus elementos y la ciudadanía tendrá una policía militarizada.

Existen dos verdades que son contradictorias, nadie quiere ver a los soldados en las calles, pero todos necesitan al ejército en las labores de seguridad.

Los gobiernos municipales, pero también los gobiernos de los estados y el Ejecutivo Federal -entendido este como el presidente de la república- saben que la inseguridad se ha desbordado y nuestro país ha tenido que echar mano de sus fuerzas castrenses, alterando el Estado de Derecho del Sistema de Seguridad Pública y el Sistema de Procuración de Justicia. Fue una discusión que la CONAMM propuso al entonces presidente de la república cuando hizo su “Declaración de Guerrera” y sacó a las calles al ejército.

A más de 10 años de esa fallida estrategia, se pretende enmendar con la Ley de Seguridad Interior la pifia legal que se incurrió en 2007.

En materia municipal, la Ley de Seguridad Interior violentaría la Constitución en su artículo 115, si se aceptan los principios que propone en su artículo 11 párrafo primero …corresponde a las autoridades federales, incluyendo las Fuerzas Armadas, por sí o en coordinación con los demás órdenes de gobierno, identificar, prevenir, atender, reducir y contener las Amenazas a la Seguridad Interior; artículo que en una interpretación legal, posibilitaría la libre determinación de las fuerzas armadas o el presidente de tomar el control de la seguridad en una región o un municipio, sin la necesidad de consultar o convenir con la autoridad local y menos con el congreso local.

El esfuerzo legislativo y cabildeo político debería, -según mi opinión- enfocarse en diseñar una estrategia nacional de seguridad interior, donde se parta de una realidad, -necesitamos al ejército en las calles, pero no de manera indefinida-, pero también necesitamos a policías capacitadas, a gobiernos locales trabajando si amenazas, con recursos suficientes y con una ley que los respalde y regule; definamos temporalidades, calendaricemos y cumplamos compromisos.

Los gobiernos locales, no tienen policías desarmados o des adiestrados por falta de compromiso con la seguridad, el problema radica en que los municipios no cuentan con recursos suficientes para contar con una fuerza de seguridad pública municipal de calidad.

Un batallón de quinientas unidades castrenses compuesta por cuatrocientos elementos de tropa, treinta sargentos, dos capitanes y un coronel, apostados en un municipio, cuesta 3 veces más que el mismo número de elementos civiles.

Algo se está haciendo mal, la señal que manda la aprobación forzada de una ley con alto nivel de cuestionamiento no es buena; la señal sugiere que la estrategia es mantener el ejército en las calles, que las policías municipales no recibirán los recursos que requieren para profesionalizar a sus elementos y la ciudadanía tendrá una policía militarizada.

Con la participación autoridades municipales y la presencia de gobernadores, líderes políticos, empresarios, académicos y embajadores de más de 12 naciones del mundo, se llevó acabo la Toma de Protesta de la nueva Mesa Directiva de la Asociación de Autoridades Locales de México A. C. AALMAC Periodo 2017 - 2018, la cual será presidida por el Dr. José Ramón Enríquez Herrera, Presidente Municipal de Durango. Capital.

En importante evento que fue espacio de reflexión y propuesta sobre la agenda municipalista de la izquierda en el país, más de 500 alcaldes, síndicos, regidores y funcionarios municipales y delegacionales de 26 estados de la república señalaron que la unidad es la mejor arma que tenemos para la defensa de nuestro país.

En su informe de labores como presidente de la asociación el ing. Rafael Núñez Ramírez resalto el crecimiento tan importante que la AALMAC ha tenido en estos últimos años, convirtiéndola en un referente indiscutible de la agenda municipalista de los gobiernos locales progresistas en México, -en el 2016, la asociación ha congregado a mas municipios, ha apoyado a un número importante de autoridades locales y a gestionado más recursos que nunca-

Por su parte, el gobernador Graco Ramírez, Presidente de CONAGO, llamó a la unidad de los órdenes de gobierno, -reconozco el trabajo de la AALMAC por consolidarse como una organización de unidad de los gobiernos municipales de izquierda y convoco a trabajar juntos, estados y municipios para defender los derechos de los mexicanos y migrantes por las políticas xenofóbica de estados unidos- puntualizó, además de convocar a una gran cruzada de unidad y trabajo coordinado -los alcaldes y gobernadores debemos entrar en contacto con alcaldes y Gobernadores de Estados Unidos y Canadá para construir una agenda binacional que atienda los derechos de los mexicanos en esos países.

El Dr. Miguel Ángel Mancera, Jefe de gobierno refrendó el respaldo de su gobierno con la asociación y los gobiernos municipales que la conforman y se congratuló por el trabajo de unidad que la asociación está haciendo a favor del municipalismo en México, haciendo un llamado a un gran movimiento que defienda a los mexicanos dentro y fuera de las fronteras del país, -Que entienda el sr Trump que los mexicanos estamos unidos- quien, además, tomo protesta a la nueva mesa directiva de la asociación, la cual quedo conformada con el Dr. José Ramón Enríquez, presidente municipal de Durango, como Presidente Nacional, así como los alcaldes de Marcos Pérez Calderon, Alcalde de Tochtepec, Puebla, Presidente Nacional Adjunto, como Secretaria General, María Cristina Torres Gomez, Alcaldesa De Solidaridad Quintana Roo; como Vicepresidentes José Rafael Núñez Ramírez, Alcalde de San Martin Texmelucan, Gerardo Torres Ochoa, Alcalde De Zacapu, Michoacán, Jesús Evodio Velázquez Aguirre, Alcalde De Acapulco Guerrero, Raúl Tadeo Nava, Alcalde De Cuautla, Morelos, Alfredo Lozoya, Alcalde De El Parral, Chihuahua Y Esteban De Jesús Acosta Lagunes, Alcalde De Banderilla Veracruz Coordinadores Regionales, Coordinador Regional Noroeste José Luis Ramos, Alcalde De Guadalupe Victoria, Durango, Coordinador Regional Centro Carlos Estrada Meraz, Jefe Delegacional De Iztacalco, Ciudad De México, Coordinador Regional Zona Sur Manuel Cuan Delgado, Alcalde De Pueblo Viejo, Veracruz, Coordinación De Ciudades Capitales, Luis Alfonso Torres Llanes, Alcalde De Othón P. Blanco, Quintana Roo, Comisiones, Domingo Rodrigo Martell, Alcalde De Tanlajas, S.L.P, Coordinador De La Comisión de Asuntos Indígenas, José Martínez Santos, Alcalde De San José Chiapa, Puebla, Coordinador De La Comisión De Desarrollo Económico, Victor Hugo Lobo Jefe Delegacional De La Gustavo A. Madero, Ciudad De México, Coordinador De La Comisión De Asuntos Metropolitanos, C. José Hernandez Cárdenas, Alcalde De Huatulco, Oax., Marcelino Ruiz Esteban Alcalde Atlixtan, Gro, Coordinador De La Comisión De Desarrollo Rural., Miguel Muñoz Reyes Alcalde Contla ,Juan Cuamatzi Tlax., Coordinador De Enlace Legislativo., Gerardo Gaudiano Rovirosa Alcalde De Villahermosa, Tabasco, Coordinador De Recursos Hidraulicos., Osiel Gonzalez Almazán Alcalde De Alpoyeca, Guerrero., Coordinador De Desarrollo Agropecuario, Anabel Balbuena Lara Alcaldesa De Tlapehuala, Gro., Coordinador de Medio Ambiente,. Rosalba Domínguez Santiago, Alcaldesa De San Miguel Tlacamama, Oax., Coordinador De Asuntos Afromexicanos, Coordinadores Estatales: Dora María Díaz Ruiz, Alcaldesa De Ixhuatán, Chiapas, Félix Alberto Linares, Alcalde De Ocuilan, Estado de México, Daniel Olmos Garcia, Alcalde De Emiliano Zapata, Veracruz, José Isabel Cortes Góngora, Alcalde De Progreso, Yucatán, Eloy Reyes Juárez, Alcalde de Apetatitlan, Tlaxcala, Juan Solís Ríos, Alcalde De Nombre De Dios, Durango, Coordinación De Regidores, Coordinador Presidente Zeferino Martínez Rodríguez, Puebla, Puebla, Ing. José Luis Gutiérrez Cureño, Presidente de la Coordinadora de Ex Alcaldes, Integrantes De La Coordinadora De Enlace Legislativo: Dip. Loc. David Barrera Zavala, Yucatán, Dip. Loc. José Alfonso Mollinedo Zurita, Tabasco, Dip. Loc. Javier Montes Rosales, Morelos, como titular del Consejo Consultivo a Lic. Leticia Quezada Contreras, y al C. Hermilo Pérez Cabrera como Director General.

En su discurso de toma de protesta, el presidente Nacional de la Asociación el Dr. José Ramón Enríquez Alcalde de la Capital de Durango, señaló que los municipios debemos rescatar al país, que nuestra responsabilidad como gobernantes más cercanos a la ciudadanía es trabajar de manera más eficiente, responsable y con mayor entrega; por lo cual, dijo, -desde la asociación impulsaremos la profesionalización de los servidores públicos municipales, promoveremos la transparencia, fortaleceremos la gestión con la cámara de diputados para traer más recursos a los municipios, impulsaremos los contralores ciudadanos y construiremos un nuevo pacto nacional municipalista con todas las fuerzas políticas para avanzar reforma de nuestra constitución; el artículo 115 constitucional ha quedado rezagado debemos reformarlo para para otorgar mayores atribuciones a los municipios y mayores recursos a sus haciendas públicas- puntualizó.

A este evento, se dieron cita el Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa, Jefe de Gobierno de la CDMx., Lic. Graco Ramírez Garrido-Abreu, Gobernador de Morelos, y Presidente de la CONAGO, Cuauhtémoc Paz Cuevas, Encargado de Despacho del INAFED-SEGOB Lic. Carlos Navarrete Ruiz, Ex presidente Nacional del PRD, Lic. Jesús Ortega Martínez, Ex presidente Nacional del PRD, Nelia Elena Tello Peón, Especialista en Temas Municipales, Prof. Domingo Hernández Hernández, Especialista en Temas Municipales, Mtro. Raúl Solís Barrueta, Director General de Locallis, S. C., Enrique Velázquez Zárate, Especialista en Temas Municipales, Dr. Benjamín Méndez Bohena, Especialista en Temas Municipales, Dr. Jaime Villasana Dávila, Director Adjunto de la International City/County Management Association (ICMA), Mtro. Edgar Villaseñor Franco, Director General de ICLEI-México, Lic. Ricardo Coronado Sanginés, Secretario de Asuntos Municipales en Representación del Lic. Dante Delgado Coordinador Nacional de Movimiento Ciudadano, Pedro Vazquez en representación del Prof. Alberto Anaya, Coordinador de la Comisión Ejecutiva Nacional del PT, Luis Castro Obregón, Presidente Nacional del Partido Nueva Alianza, Lic. Carlos Paredes Correa, Vocal Ejecutivo de CEDEMUN-Michoacán, Dr. Carlos Gadsden Carrasco, Director General del Centro de Estudios Municipales y Metropolitanos de la UNAM -CEMM-, Dr. Manuel Perló Cohen. Director del IIS – UNAM, Ing. Víctor Bautista Ramírez, Presidente de la Asociación Nacional de Directores de Obras Públicas, Lic. Bernardo Bosch Hernández, Gerente de Responsabilidad y Desarrollo Social de PEMEX, Lic. David Samadi Castilla Coordinador General de Proyectos Especiales de COFEMER, Lic. Paloma Silva de Anzorena, Directora General de CONAVI, Dr. Mtro. Sergio Barrales Domínguez, Rector de la Universidad de Chapingo, Luis Montaño García, Director General de CEPADEM, Filiberto Kú Chán, Gobierno Nacional de Pueblos Indígenas, Mohamed Chafiki, Embajador de Marruecos, Leonardo Arizaga, Embajador de Ecuador, y Sr. Daniel Chuburu, Embajador de Argentina entre otras personalidades de la vida política del país.