Existen dos verdades que son contradictorias, nadie quiere ver a los soldados en las calles, pero todos necesitan al ejército en las labores de seguridad.

Los gobiernos municipales, pero también los gobiernos de los estados y el Ejecutivo Federal -entendido este como el presidente de la república- saben que la inseguridad se ha desbordado y nuestro país ha tenido que echar mano de sus fuerzas castrenses, alterando el Estado de Derecho del Sistema de Seguridad Pública y el Sistema de Procuración de Justicia. Fue una discusión que la CONAMM propuso al entonces presidente de la república cuando hizo su “Declaración de Guerrera” y sacó a las calles al ejército.

A más de 10 años de esa fallida estrategia, se pretende enmendar con la Ley de Seguridad Interior la pifia legal que se incurrió en 2007.

En materia municipal, la Ley de Seguridad Interior violentaría la Constitución en su artículo 115, si se aceptan los principios que propone en su artículo 11 párrafo primero …corresponde a las autoridades federales, incluyendo las Fuerzas Armadas, por sí o en coordinación con los demás órdenes de gobierno, identificar, prevenir, atender, reducir y contener las Amenazas a la Seguridad Interior; artículo que en una interpretación legal, posibilitaría la libre determinación de las fuerzas armadas o el presidente de tomar el control de la seguridad en una región o un municipio, sin la necesidad de consultar o convenir con la autoridad local y menos con el congreso local.

El esfuerzo legislativo y cabildeo político debería, -según mi opinión- enfocarse en diseñar una estrategia nacional de seguridad interior, donde se parta de una realidad, -necesitamos al ejército en las calles, pero no de manera indefinida-, pero también necesitamos a policías capacitadas, a gobiernos locales trabajando si amenazas, con recursos suficientes y con una ley que los respalde y regule; definamos temporalidades, calendaricemos y cumplamos compromisos.

Los gobiernos locales, no tienen policías desarmados o des adiestrados por falta de compromiso con la seguridad, el problema radica en que los municipios no cuentan con recursos suficientes para contar con una fuerza de seguridad pública municipal de calidad.

Un batallón de quinientas unidades castrenses compuesta por cuatrocientos elementos de tropa, treinta sargentos, dos capitanes y un coronel, apostados en un municipio, cuesta 3 veces más que el mismo número de elementos civiles.

Algo se está haciendo mal, la señal que manda la aprobación forzada de una ley con alto nivel de cuestionamiento no es buena; la señal sugiere que la estrategia es mantener el ejército en las calles, que las policías municipales no recibirán los recursos que requieren para profesionalizar a sus elementos y la ciudadanía tendrá una policía militarizada.

Existen dos verdades que son contradictorias, nadie quiere ver a los soldados en las calles, pero todos necesitan al ejército en las labores de seguridad.

Los gobiernos municipales, pero también los gobiernos de los estados y el Ejecutivo Federal -entendido este como el presidente de la república- saben que la inseguridad se ha desbordado y nuestro país ha tenido que echar mano de sus fuerzas castrenses, alterando el Estado de Derecho del Sistema de Seguridad Pública y el Sistema de Procuración de Justicia. Fue una discusión que la CONAMM propuso al entonces presidente de la república cuando hizo su “Declaración de Guerrera” y sacó a las calles al ejército.

A más de 10 años de esa fallida estrategia, se pretende enmendar con la Ley de Seguridad Interior la pifia legal que se incurrió en 2007.

En materia municipal, la Ley de Seguridad Interior violentaría la Constitución en su artículo 115, si se aceptan los principios que propone en su artículo 11 párrafo primero …corresponde a las autoridades federales, incluyendo las Fuerzas Armadas, por sí o en coordinación con los demás órdenes de gobierno, identificar, prevenir, atender, reducir y contener las Amenazas a la Seguridad Interior; artículo que en una interpretación legal, posibilitaría la libre determinación de las fuerzas armadas o el presidente de tomar el control de la seguridad en una región o un municipio, sin la necesidad de consultar o convenir con la autoridad local y menos con el congreso local.

El esfuerzo legislativo y cabildeo político debería, -según mi opinión- enfocarse en diseñar una estrategia nacional de seguridad interior, donde se parta de una realidad, -necesitamos al ejército en las calles, pero no de manera indefinida-, pero también necesitamos a policías capacitadas, a gobiernos locales trabajando si amenazas, con recursos suficientes y con una ley que los respalde y regule; definamos temporalidades, calendaricemos y cumplamos compromisos.

Los gobiernos locales, no tienen policías desarmados o des adiestrados por falta de compromiso con la seguridad, el problema radica en que los municipios no cuentan con recursos suficientes para contar con una fuerza de seguridad pública municipal de calidad.

Un batallón de quinientas unidades castrenses compuesta por cuatrocientos elementos de tropa, treinta sargentos, dos capitanes y un coronel, apostados en un municipio, cuesta 3 veces más que el mismo número de elementos civiles.

Algo se está haciendo mal, la señal que manda la aprobación forzada de una ley con alto nivel de cuestionamiento no es buena; la señal sugiere que la estrategia es mantener el ejército en las calles, que las policías municipales no recibirán los recursos que requieren para profesionalizar a sus elementos y la ciudadanía tendrá una policía militarizada.

Existen dos verdades que son contradictorias, nadie quiere ver a los soldados en las calles, pero todos necesitan al ejército en las labores de seguridad.

Los gobiernos municipales, pero también los gobiernos de los estados y el Ejecutivo Federal -entendido este como el presidente de la república- saben que la inseguridad se ha desbordado y nuestro país ha tenido que echar mano de sus fuerzas castrenses, alterando el Estado de Derecho del Sistema de Seguridad Pública y el Sistema de Procuración de Justicia. Fue una discusión que la CONAMM propuso al entonces presidente de la república cuando hizo su “Declaración de Guerrera” y sacó a las calles al ejército.

A más de 10 años de esa fallida estrategia, se pretende enmendar con la Ley de Seguridad Interior la pifia legal que se incurrió en 2007.

En materia municipal, la Ley de Seguridad Interior violentaría la Constitución en su artículo 115, si se aceptan los principios que propone en su artículo 11 párrafo primero …corresponde a las autoridades federales, incluyendo las Fuerzas Armadas, por sí o en coordinación con los demás órdenes de gobierno, identificar, prevenir, atender, reducir y contener las Amenazas a la Seguridad Interior; artículo que en una interpretación legal, posibilitaría la libre determinación de las fuerzas armadas o el presidente de tomar el control de la seguridad en una región o un municipio, sin la necesidad de consultar o convenir con la autoridad local y menos con el congreso local.

El esfuerzo legislativo y cabildeo político debería, -según mi opinión- enfocarse en diseñar una estrategia nacional de seguridad interior, donde se parta de una realidad, -necesitamos al ejército en las calles, pero no de manera indefinida-, pero también necesitamos a policías capacitadas, a gobiernos locales trabajando si amenazas, con recursos suficientes y con una ley que los respalde y regule; definamos temporalidades, calendaricemos y cumplamos compromisos.

Los gobiernos locales, no tienen policías desarmados o des adiestrados por falta de compromiso con la seguridad, el problema radica en que los municipios no cuentan con recursos suficientes para contar con una fuerza de seguridad pública municipal de calidad.

Un batallón de quinientas unidades castrenses compuesta por cuatrocientos elementos de tropa, treinta sargentos, dos capitanes y un coronel, apostados en un municipio, cuesta 3 veces más que el mismo número de elementos civiles.

Algo se está haciendo mal, la señal que manda la aprobación forzada de una ley con alto nivel de cuestionamiento no es buena; la señal sugiere que la estrategia es mantener el ejército en las calles, que las policías municipales no recibirán los recursos que requieren para profesionalizar a sus elementos y la ciudadanía tendrá una policía militarizada.