RESUMEN INFORMATIVO

Reforma constitucional en materia de Mando Mixto

Proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 21; y reforma los artículos 73, fracción XXIII, 76, fracción II, 115, 116 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad pública.

Sinopsis de los objetivos.

Según lo dispuesto en los antecedentes y postulados de la iniciativa de reforma; las modificaciones tienen por objeto lograr un México en paz con justicia y desarrollo, buscando dar respuesta a los problemas de inseguridad y violencia.



Resumen de propuestas



Para lo anterior se establecen las siguientes disposiciones:



Se instituye de forma genérica que la seguridad pública es una función del Estado cuya finalidad es salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, preservar las libertades, el orden y la paz públicos.



Establecer las previsiones básicas para el funcionamiento de un Sistema Nacional de Carrera Policial, entre ellas, la incorporación del concepto de prestaciones complementarias de seguridad social para sus miembros, así como los principios de la homologación de protocolos de actuación, operación y construcción de capacidades policiales en los distintos órdenes de gobierno.



Constitucionalización del Sistema Nacional de Seguridad Pública, precisando que éste contará con un Consejo Nacional de Seguridad Pública que será presidido por el presidente de la República, quien estará facultado para nombrar al Secretariado Ejecutivo del Consejo, con la respectiva aprobación del Senado.



El Secretariado a su vez, contará con un consejo consultivo integrado por cinco ciudadanos con encargo honorífico, elegidos también por el Senado. Este Consejo tendrá la facultad de proponer indicadores para la evaluación y supervisión de las instituciones de seguridad pública, elaborar investigaciones y estudios sobre las políticas públicas en materia de seguridad pública; y fungir como vía de interlocución entre la sociedad civil y el Secretariado Ejecutivo;

Facultar a los gobernadores para que asuman temporalmente el mando de las instituciones policiacas de los municipios en casos de fuerza mayor, alteración grave del orden público y las demás que determine la ley, en tanto el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública determina lo conducente;



Reconocer la figura de la policía de proximidad, con competencia para la aplicación de los bandos de policía y gobierno, e infracciones administrativas, que sólo podrá auxiliar en la investigación de los delitos.



Facultar al Congreso para expedir la Ley General de Seguridad Pública reglamentaria del artículo 21 constitucional, ordenamiento que definirá la concurrencia entre la Federación, las entidades federativas y los municipios en dicha materia, al tiempo que establecerá y organizará a las instituciones de seguridad pública de carácter federal.



Modificación al artículo 21 Constitucional



Se establece que la seguridad pública es una función a cargo del Estado que tiene como finalidad salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y la ley general en la materia.



Por otra parte se establece la regulación para el reclutamiento; la selección; el ingreso; la remuneración mínima; la formación inicial, continua y de mandos; la permanencia; la rotación; la evaluación; el reconocimiento; la certificación de habilidades; los estimulas y recompensas, así como el régimen disciplinario de los integrantes de las instituciones de seguridad pública, de conformidad con lo previsto en la ley general de la materia, misma que establecerá un sistema nacional de carrera policial y las prestaciones complementarias de seguridad social.

A su vez, se plantea la homologación de los protocolos de actuación y operación, y demás aspectos que permitan construir capacidades con características homólogas para la función policial en todo el país,



Por otra parte, el titular del Ejecutivo de cualquier orden de gobierno podrá solicitar al Secretariado Ejecutivo, la delegación temporal del ejercicio de la función de seguridad pública a cargo de las instituciones policiales de los municipios y las entidades federativas, por incapacidad o cualquier otra situación que afecte de forma relevante la prestación de dicho servicio.



Además, se propone establecer en la Constitución el principio de incremento o disminución de las funciones que la Constitución otorga a las entidades federativas y a los municipios para desempeñar las funciones policiales, a partir de la certificación de sus respectivas instituciones que lleve a cabo el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los términos que establezca la ley general.



Modificación al artículo 73 fracción XXIII constitucional



Propone establecer un nuevo mecanismo de distribución de competencias en materia de seguridad pública. En la iniciativa se propone facultar al Congreso de la Unión para expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación y de las entidades federativas en materia de seguridad pública, así como mantener su facultad para legislar en torno al establecimiento y la organización de las instituciones de seguridad publica en materia federal.



Modificación al artículo 76 fracción II constitucional



Se propone otorgar al Senado de la República la facultad de ratificar el nombramiento del Titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los términos que la ley disponga.

En ese sentido, esta iniciativa propone el restablecimiento de la Secretaría de Seguridad Pública a nivel federal, absorbiendo el



patrimonio y funciones de la ahora Comisión Nacional de Seguridad Pública; así como la ratificación por parte del Senado de quien encabece dicha Secretaría.



Modificación al artículo 115 constitucional



Se propuso que, en caso de fuerza mayor, de alteración grave del orden público o de la causa que determina la ley general de seguridad pública, el gobernador del Estado pueda asumir el mando temporal de las instituciones policiacas de un municipio, hasta en tanto el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública determinará lo conducente conforme a la Constitución.



Modificación al artículo 116 constitucional.



Se plantea que los Estados estarán facultados para celebrar convenios con sus Municipios para atender alguna función o prestar un servicio público, también se propone que, si el servicio que asumirá el Estado es el de seguridad pública, en la suscripción del convenio correspondiente se observe lo previsto en la ley general de la materia.



Modificación al artículo 123 constitucional



Se refiere a la relación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública con el poder público a través del concepto del sistema nacional de carrera policial, sin demérito de la consideración a favor de las "prestaciones complementarias" de seguridad social, que serían aplicables no solo para los miembros de las instituciones policiales, sino también para el Ministerio Público y el personal de los servicios periciales.



Transitorios



En los artículos transitorios se establece que el Congreso de la Unión deberá expedir la Ley General de Seguridad Pública en un plazo de un año, contando a partir de la publicación del decreto.

Por otro lado, se indica que en tanto se expida la ley general anterior:



Los Municipios podrán solicitar a los Gobernadores la delegación de las funciones a cargo de sus instituciones policiales, en cuyo caso deberán prever la transferencia de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública instrumentará un programa inicial de evaluación sobre la situación que guarden las instituciones policiales.

Asimismo, podrá ratificar la vigencia de los convenios que materia de seguridad pública hayan celebrado las entidades federativas con los Municipios, y que se encuentren vigentes a la fecha de entrada en vigor del decreto.

FUENTE: Institutito Belisario Domínguez-



Meade y los municipios.

Fabian Cajero J.

noviembre 28 de 2017.


Para los analistas políticos el destape del ex secretario de Hacienda, ex titular de SEDESOL y ex secretario de Relaciones Exteriores, es una propuesta joven, innovadora del viejo partido, que, dicho por los expertos, será más de los mismo. Por lo que respecta al trabajo y resultados que deja el recién ungido candidato en el ámbito local, los resultados no son nada alentadores; y muy disímbolos a la propuesta del presidente de construir una nación justa y subsidiaria basada en un verdadero federalismo.

Como titular de Relaciones Exteriores no promovió un solo acuerdo comercial entre alguna de las 150 ciudades económicamente mas importantes del país, eliminando toda posibilidad de acuerdo comercial o de cooperación internacional para el desarrollo de los gobiernos locales. -Cuando en el mundo se contabilizan mas de 3 mil acuerdos de cooperación entre ciudades globalizadas-

Como titular de SEDESOL tampoco fomento el equilibrio social, ni potenció el abatimiento de la pobreza basado en el fortalecimiento de la institución local. En su periodo al frente de esta Secretaría las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios vía Ramo 33, se vieron afectadas de manera importante por un magro crecimiento de solo el 4.3% promedio anual, incremento que fue pulverizado por la inflación y aumento de los combustibles. Otra de sus acciones fue acotar el objeto de gasto del ramo 33, limitando la inversión productiva en los municipios, eliminando toda posibilidad de inversión en apoyos agropecuarios, limpieza de cuencas y ríos, capacitación, fortalecimiento institucional, desarrollo tecnológico y construcción de caminos.

En lo que respecta a su paso por Hacienda su política de re centralismo y desdén por lo local no varió, su propuesta presupuestal fue la más regresiva para los gobiernos locales, en su propuesta de presupuesto del 2018, los fondos para el desarrollo regional, cultura, deporte, nuevas carreteras y proyectos productivos locales registró la mayor disminución en este siglo. Los fondos y recursos disponibles para obras y acciones a nivel local alcanzaron una reducción de más de 50 mil millones de pesos.

Todas estas acciones y políticas públicas fueron su sello como secretario de estado, iniciativas que nunca fueron consultadas con las autoridades locales para su aplicación, desdeñando todo ofrecimiento de los alcaldes por ser escuchados.



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